Recientemente se ha dado el escopetazo de salida para la presentación de candidaturas para las elecciones al congreso, y el que suscribe se ha inmerso en un proceso de búsqueda de firmas para avalar su candidatura independiente. Con ocasión de ello, quería acercaros a la idea fundamental de mi proyecto de sociedad, en el cual primarán el derecho a la información y a ser oido.
El mandato representativo provoca que una persona, o conjunto de ellas, formen gobierno y rijan según los dictados de su conciencia. Pero, ¿y si pudiera dicha influencia ser sustituida por la voluntad del pueblo?
Ya en la antigua Grecia las ágoras formaban los foros perfectos para declamar tus opiniones y decidir acerca del destino de la ciudad-estado.
Hoy en día, hemos evolucionado, y el gran ámbito que rige un gobernante se ha ido formando gracias al crecimiento y florecimiento de la cultura humana. Pero, ¿estamos preparados para un estado en que la última palabra la tenga el pueblo?
La respuesta puede ser positiva y negativa. Fijándonos primero en sus aspectos negativos, tenemos la falta de preparación intelectual o educación dirigida a la falta de competitividad y al fomento de la solidaridad: no podemos pretender la atomización de los estados por su cultura, su etnia, su tradición y todos aquellos simbolos que los individualizan, pues ello conlleva la minimización y desperdigación de los recursos, permite la existencia de paraísos fiscales, de fugas internacionales, de corrupción por parte de entidades tanto privadas como públicas, que aprovechan la multitud de ordenamientos jurídicos y la diferencia entre ellos para obtener su propio beneficio. La sociedad puede mejorar, sólo es necesario implantar en nuestros hijos el valor del sacrificio.
Por su parte positiva, hemos de decir que estamos en el siglo XXI: ¿es posible que el pueblo legisle,ejecute y juzgue? La respuesta es afirmativa. Tecnológicamente estamos preparados para utilizar nuestro identificador natural, la huella digital, en puestos estratégicamente dispuestos para garantizar un voto válido (emitido por una persona una única vez y con garantía de que lo ha votado un elector no privado de su derecho a elegir); estamos preparados para organizar una administración que se dedique, por una parte, al proceso electoral o de referendums y, por otra, a explicar la trascendencia, riesgos y posibilidades respecto a una elección, en un tema concreto, por parte del pueblo.
El modelo de participación directa que propongo implicaría la desaparición de la política: todos aquellos que superasen una oposición especializada, regida por los criterios de imparcialidad y mérito, podrían acceder a un cuerpo de elegibles, de entre quienes el pueblo señalaría a los que deban ocupar un cargo de autoridad. Esta autoridad, se limitará a la ejecución de la Ley en un estado de Derecho con imperio de la Ley, por lo que las decisiones no prevenidas en el ordenamiento jurídico las terminarían tomando, a través del futuro Ministerio de participación pública, la decisión última sobre una Ley, sobre la gestión del estado y sus políticas, y sobre la interpretación de las Leyes no positivadas.
Así, tendríamos o una única Cámara de elegidos o a tantas Cámaras como regiones compusieran el Estado, para que se dedicasen a elaborar las normas jurídicas y a transmitirlas al pueblo de un modo claro, transparente, eficiente y de tal modo que pueda el ciudadano medio comprender la trascendencia de la decisión.
El gobernante se dedicaría a aplicar la Ley y, además, a transmitir aquellas decisiones no previstas en las normas al pueblo, para que en un corto periodo de tiempo pueda decidir qué política de gestión a aplicar.
Por último, los jueces, quienes son profesionales de carrera y, por ello, abanderan el modelo de estado que daría paso a una nación participativa. Un juez es una autoridad que se dedica a aplicar la Ley, juzgando las controversias que se le plantean según las normas del poder judicial, y ejecutando lo juzgado. Pues bien, el sistema, a falta de agregarle un sistema de acceso mediante al practica y no sólo a través de oposición, es perfecto y sólo desemerece en una cosa, que la interpretación de la Ley para aplicarla en un caso concreto no está sometida a la voluntad del pueblo, sólo representada. Cabría que un caso sin previsión legal (aquellos casos que no tienen precedentes judiciales), sea revisado por un comicio judicial, un tribunal popular universal que, mediante el referendum, votasen la variedad de decisiones que los inmersos en la carrera judicial transmitirían a través del Ministerio de participación pública o de los Altos Tribunales.
Por último, también significaros que dichos funcionarios-Autoridades trabarían de por vida para la administración, mientras no dieren motivos para su remoción y la elección de una nueva persona para su cargo. ¿Cómo se controla un sistema en que la Autoridad es profesional y no oportunista? Pues una idea es la puesta de videocámaras de seguridad en las instituciones públicas, que permitan evitar la corrupción en los despachos públicos; pero como de lo que se trata de vivir en un estado participativo, podrían surgir miles, e incluso millones, de ideas para ejercer ese control, con la avenecia del pueblo.
Así pues, lectores y amigos, así es como plantea el que suscribe un nuevo modelo de estado, aquél en que sea la conciencia colectiva la que rija. Para ello me presento a candidato, por lo que os invito a ver mi página en facebook «Alvaroforpresident2016», y a que reflexionéis sobre lo que podéis hacer por vuestro país, para que todos vivan en perfecta coexistencia.